Comunicado de Anticapitalistas
El Partido Popular ha sido, por fin, desalojado del Gobierno central. Su debilidad parlamentaria y su insostenible situación tras la sentencia del caso Gurtel han puesto fin a un gobierno que ha sido fiel ejecutor de unas políticas autoritarias liberticidas y anti-sociales. Un gobierno asediado por la corrupción, sin crédito político alguno y que era ya la viva imagen de la degradación acelerada del proyecto que encarna el PP. Así, sacar del gobierno al PP supone para el “pueblo de izquierdas” un alivio, un guiño de esperanza ante lo que suponía una urgencia democrática básica. Desde Anticapitalistas hemos defendido la legitimidad y necesidad de esta moción de censura, siendo plenamente consciente de sus limitaciones y de que un gobierno del PSOE no representa una alternativa real ni al Régimen del ’78, ni a sus políticas estructurales ni a los dictados de la UE. Unas limitaciones que, precisamente, durante las sesiones parlamentarias se han mostrado a las claras. Entre ellas, la aceptación por parte de Sánchez de un marco presupuestario ajustadamente neoliberal y que va a determinar la política económica real de este nuevo gobierno; la aceptación del marco político recentralizador en la cuestión territorial apenas maquillado con vacías menciones al diálogo, así como la adhesión sin fisuras a los Tratados europeos en un contexto de crisis larvada de la UE, tal y como muestra el caso italiano las últimas semanas.
Por otro lado, no debemos olvidar cuál ha sido apuesta y la presión del establishment, de los medios de comunicación del régimen y de su principal representante político actualmente (Ciudadanos) ante esta coyuntura parlamentaria: la puesta en marcha de convocatoria electoral inmediata como pista de despegue para un “gobierno naranja”. Afortunadamente, el resultado y desarrollo de la moción hace que C´s aparezca como el otro gran actor derrotado en esta escena. En este sentido, que sean las derechas políticas quienes reciben una derrota no puede sino ser motivo de alegría.
Lo que se abre ahora es un nuevo tiempo político con diferentes posibilidades de desarrollo pero que presenta un panorama interesante: y es que un gobierno débil es siempre el mejor escenario para una ofensiva social destinada a recuperar y conquistar derechos. Sin ninguna confianza en un PSOE incapaz de salirse de los dictados de los poderes financieros ni de los límites constitucionales (incluso de sus lecturas más restrictivas). Sin ninguna ilusión en una izquierda que cree que desde el Estado puede «ajustar» algunos fallos del sistema (corrupción, desigualdad, crisis territorial). No se puede descartar, en este sentido, que el PSOE trate de desplegar una política de recomposición parcial que incluya aceptar algunas de las demandas que el ciclo social ha puesto encima de la mesa los últimos meses y, de esta forma, llegar fuerte a unas nuevas elecciones. Esto implica también dos opciones de las que se derivan tareas concretas para el movimiento popular: o que esas demandas sean conquistas del propio movimiento (para lo cual urge fortalecer la autonomía, auto-organización e iniciativa de los movimientos, como el feminista, de pensionistas, así como pasar a la ofensiva en el plano huelguístico), o bien que sean apropiaciones progresistas que alejen aún más la posibilidad de nuevas prácticas constituyentes.
En este ciclo que se abre, en medio de intensas turbulencias financieras a nivel internacional y de una nueva burbuja inmobiliaria en pleno desarrollo en el Estado, el rol de la izquierda parlamentaria representada por Unidos Podemos y las confluencias debería ser apostar por una estrategia constituyente y de construcción de una alternativa política que evite un doble riesgo: por un lado, evitar caer en la táctica de convertirse en mero sostén parlamentario y subalterno del PSOE frente al “miedo a la derecha”; y por otro lado, mendigar insistentemente la entrada en un gobierno junto al PSOE que significaría la cooptación del “bloque del cambio” como fuerza política. Estamos en un contexto en el cual “salir de la crisis” no está significando, ni mucho menos, una mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, sino el aumento de los beneficios de las grandes empresas y mantener en la precariedad laboral y vital a la mayoría de la población. Es esta mayoría social que vive en los barrios, que está en los centros de trabajo, que no es visible en una política oficial dominada por el horizonte de las clases medias, la que es la base potencial para una política transformadora: es la gente que siempre ha sido ignorada por las ilusiones “progresistas” la que tenemos que poner en primer plano.
De lo que se trata, por tanto, es de no perder el horizonte antagonista e impugnador frente al conjunto del régimen y sus partidos, presionar fuertemente (en las instituciones y en la calle) a un gobierno débil a nivel numérico y débil a nivel de proyecto, así como tratar de debilitar al máximo a nuestro adversario más peligroso en la actualidad: Ciudadanos. Para ello, la mejor forma de hacerlo es exigir la inmediata desmantelación de los aspectos más lesivos del proyecto del Partido Popular: derogar la Reforma Laboral, la Ley Mordaza, la LOMCE, acabar con la política de excepción en Catalunya, aplicar dotación presupuestaria a la Ley de Dependencia, aplicar con urgencia las demandas feministas o respetar la memoria histórica antifranquista… Son todas ellas cuestiones inaplazables y que se deben abordar sin excusas para que echar a Rajoy signifique también echar a sus políticas. Porque, más allá de la satisfacción momentánea por la derrota del gobierno Rajoy, solo desde el conflicto y la confrontación podremos avanzar en derechos y en avances democráticos reales.
